Para empezar el análisis de los medios, primero hay que conocer el hecho. ¿Cuál es el problema político de Honduras?
Manuel Zelaya, presidente desterrado de Honduras, había realizado durante su mandato una encuesta para que los ciudadanos puedan opinar sobre una posible reforma a la Constitución. Sin embargo, la consulta fue vista mal por los tribunales y el Congreso de Honduras. El mismo Tribunal de Justicia concluyó que esa votación era ilegal y que iba contra los principios de la Constitución. Pero Zelaya no hizo caso, y ordeno a Romero Vásquez, general del Ejército de Honduras, custodiar las urnas.
Al desobedecer las órdenes fue destituido de su cargo por algunas horas, pero al volver Vásquez sacó a sus militares a las calles para encender un golpe de Estado. El problema se agravó cuando un grupo de militares ingresó a la presidencia y con pistola en mano detuvo a Zelaya para llevarlo a San José de Costa Rica. El hecho, mostrado por los medios de comunicación, hizo que la comunidad internacional considerará un golpe de Estado y apoyó a Zelaya.
¿Qué se debate realmente en Honduras como problema central?
Lo qué se debate es la interpretación de la normativa de la Constitución. Tanto Zelaya, Micheletti y Vásquez se apoyaron en la Constitución para dar sus justificaciones de sus actuaciones en torno al golpe de Estado.
Por ejemplo, en la página Web de http://www.cope.es muestra los artículos por los cuales se apoyaron en la Constitución. A continuación las normativas:
Los cercanos a Micheletti se apoyaron en "el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública" .
Una razón para que el general Romero Vásquez no apoyará a Zelaya y se ampare en el artículo 323 de la Constitución donde dice: “ningún funcionario o empleado civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”.
Manuel Zelaya, presidente desterrado de Honduras, había realizado durante su mandato una encuesta para que los ciudadanos puedan opinar sobre una posible reforma a la Constitución. Sin embargo, la consulta fue vista mal por los tribunales y el Congreso de Honduras. El mismo Tribunal de Justicia concluyó que esa votación era ilegal y que iba contra los principios de la Constitución. Pero Zelaya no hizo caso, y ordeno a Romero Vásquez, general del Ejército de Honduras, custodiar las urnas.
Al desobedecer las órdenes fue destituido de su cargo por algunas horas, pero al volver Vásquez sacó a sus militares a las calles para encender un golpe de Estado. El problema se agravó cuando un grupo de militares ingresó a la presidencia y con pistola en mano detuvo a Zelaya para llevarlo a San José de Costa Rica. El hecho, mostrado por los medios de comunicación, hizo que la comunidad internacional considerará un golpe de Estado y apoyó a Zelaya.
¿Qué se debate realmente en Honduras como problema central?
Lo qué se debate es la interpretación de la normativa de la Constitución. Tanto Zelaya, Micheletti y Vásquez se apoyaron en la Constitución para dar sus justificaciones de sus actuaciones en torno al golpe de Estado.
Por ejemplo, en la página Web de http://www.cope.es muestra los artículos por los cuales se apoyaron en la Constitución. A continuación las normativas:
Los cercanos a Micheletti se apoyaron en "el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública" .
Una razón para que el general Romero Vásquez no apoyará a Zelaya y se ampare en el artículo 323 de la Constitución donde dice: “ningún funcionario o empleado civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”.
Sin embargo, más abajo del texto, según los analistas internacionales una normativa que respalda a Zelaya es que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos…” . En su capítulo cinco, la Constitución hondureña considera que “se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”.
De alguna manera Micheletti, también incumple con la Constitución o mejor dicho con la democracia, pues ahora no solamente es un conflicto directo con Zelaya sino con un pueblo inconforme con el Gobierno actual. Algunos se muestran presionados por las fuerzas armadas y se sienten desprotegidos por su propia justicia.
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